Los procesos judiciales por las amenazas de bomba no se detienen. En un procedimiento realizado en pleno Barrio Norte, los investigadores secuestraron elementos para esclarecer la intimidación que sufrió una empresa de correo privado. En tanto que en los últimos tres días, tres acusados sufrieron reveses procesales.

Una empresa que funciona en Alberdi al 100, recibió una amenaza telefónica el 25 de agosto. Luego de analizar el caso, por pedido del titular de la fiscalía de Cibercriminalidad Carlos Saltor, se allanó un departamento de un edificio de 25 de Mayo al 500.

El inmueble es propiedad de una mujer de 57 años, titular de la línea telefónica de la que provino la amenaza. Al momento de iniciado el allanamiento, la señora no se encontraba en el domicilio, por lo que las autoridades se comunicaron con ella para que se haga presente. Una vez allí, se procedió al secuestro de su teléfono celular y el de la novia de uno de sus hijos. Además, se secuestraron dos computadoras.

Por otro lado, y como evidencia más importante, en el departamento se encontró y se secuestró una caja que contenía el chip con el cual se efectuó la amenaza. Esto se puede determinar, ya que la línea telefónica coincide con el número que emitió la llamada intimidatoria y con el número de serie del chip, de acuerdo a las sábanas de llamadas que tuvo acceso el Ministerio Fiscal en el transcurso de la investigación.

En la Fiscalía señalaron que el próximo paso es la realización de una audiencia en donde se formularán cargos y se pedirá medidas de coerción.

Por otra parte, ayer Saltor consiguió que al policía acusado de haber realizado una amenaza contra la Secretaría de Trabajo se le revocara el arresto domiciliario, al comprobarse que la Justicia Federal lo investigaba por haber cometido un acto de intimidación en contra de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento. 

También ayer, el defensor José Ignacio Ferrari fracasó en su intento de pedir el sobreseimiento de María Emilia Solomone. Por último, otro juez también rechazó el planteo realizado por José Del Río para que María José Lizárraga, acusada de haber realizado amenazas en la Normal, recupere la libertad.